El fiscal les acusa de delitos que van desde la usurpación hasta el atentado a la autoridad y pide para ellos penas que oscilan entre los 22.080 euros de multa y los 3 años de prisión. Llaman a manifestarse el próximo 6 de julio contra para apoyar a todas las personas imputadas, heridas, identificadas y detenidas durante el desalojo y posterior derribo del gaztetxe y “para demostrar nuestro rechazo a las políticas del ayuntamiento del PNV”.
El fiscal que se encarga del caso de las 23 personas detenidas por la Ertzaintza durante el desalojo del Gaztetxe Kukutza III ha solicitado penas de entre 22.080 euros y 3 años de cárcel para todos ellos, según han revelado desde Kukutzarekin Elkartasun Taldea.
La acusación imputa a los jóvenes que resistieron durante varias horas dentro del Gaztetxe el 21 de septiembre de 2011 delitos que van desde los 22.080 € hasta lo 3 años de cárcel, por delitos desde usurpación hasta atentado a la autoridad. El juicio, aun sin fecha fija, está previsto para las próximas semanas o meses.
Desde Kukutzarekin Elkartasun Taldea han convocado una manifestación el próximo 6 de junio para denunciar este nuevo juicio, el cuarto del ‘caso Kukutza’, apoyar a todas las personas imputadas, heridas, identificadas y detenidas y “demostrar nuestro rechazo a las políticas del ayuntamiento del PNV, a quien responsabilizan directamente del desmantelamiento de un proyecto social y cultural cuyo resultado hoy en día es un solar vacío.
La movilización partirá del Ayuntamiento a las 19:30 y transcurrirá junto a los juzgados para finalizar ante Sabin Etxea.
Atestados policiales
Por otra parte, el grupo de solidaridad con Kukutza ha comunicado que los detenidos el 23 de septiembre de 2011, día del derribo del gaztetxe, tendrán que enfrentarse a peticiones fiscales de hasta 30 meses de cárcel. Asimismo, denuncian que en todos los procesos abiertos hasta la fecha las acusaciones se han basadoúnicamente en la palabra de la Ertzaintza, “muchas veces demostrada como falsa”. Precisamente la pasada semana dos jóvenes detenidos durante las protestas en contra del derribo y acusados de desórdenes públicos fueron absueltos tras determinar el juez que los hechos “no revestirían de la suficiente gravedad como para poder ser constitutivos de delito”
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